** En medio de escasa claridad y muchas confusiones, la mayoría legislativa de Morena y aliados aprueba el dictamen de reforma.
Con 328 votos a favor y 131 en contra, la Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma a la Ley General de Aguas en medio de confusiones, escasa claridad y el temor de muchos campesinos a perder sus concesiones de riego y uso de agua.
La ley reformada amenaza con sancionar a quienes capten agua de lluvia para cualquier fin. El argumento que sustenta el castigo es que retener agua de lluvia altera los ciclos hidrológicos.
Uno de los argumentos centrales de la reforma es que “redefine la gestión del recurso (del agua) en México y apuesta por recuperar la rectoría del Estado, frenar el acaparamiento y garantizar el derecho humano al agua, especialmente en comunidades rurales e indígenas”.
Según el director de la Conagua, Efraín Morales, con la reforma el agua dejará de ser una mercancía para considerarse “un bien estratégico”. Tampoco define qué entiende por “bien estratégico”.
El Estado será la única autoridad facultada para otorgar concesiones -se explica, pero eso ya era así-, sin embargo ahora elimina la compra, venta o transferencia de títulos entre particulares, prácticas que según las autoridades favorecieron la concentración de derechos desde 1992.
Queda en ambigüedad si la prohibición de transferir títulos (de concesión) entre particulares incluye la imposibilidad de heredar las concesiones, una de las preocupaciones expresadas por los campesinos que desde el 24 al 27 de noviembre bloquearon carreteras federales en 17 estados del país. Productores agrícolas, principalmente del norte del país, advirtieron que la eliminación de la transmisión privada de concesiones genera incertidumbre, pues el acceso al agua forma parte del valor de sus tierras.
Conagua aseguró que herencias y compraventa de predios serán permitidas, los agricultores afirman que no existe claridad sobre los nuevos trámites ni sobre cómo se protegerán sus derechos.
La reforma también crea el Registro Público de Agua Nacional, un Fondo de Reserva de Aguas para comunidades sin acceso y contempla la cancelación de concesiones acaparadas o sin uso. Además, endurece sanciones por robo de agua y regula obras privadas de captación pluvial que han alterado ciclos hidrológicos.
Efraín Morales señaló que algunos grupos (no precisó cuáles) “ven afectados intereses favorecidos durante muchos años” y se quejó de una “campaña de desinformación” en su contra.
Claudia Sheinbaum acusó a quienes rechazan la reforma de tener” muchísimas concesiones de agua”, muchas de ellas sin uso o incluso irregulares, por lo que consideró necesario “poner orden”.