Rogelio Guedea
La tortura de Coquimatlán
Cuando creíamos que las prácticas de tortura (una violación infame a los derechos humanos) se había erradicado de las corporaciones policiales, hace unos días circuló un vídeo en donde se ve a policías de Coquimatlán (confirmados por su propio presidente, muy susceptible a escándalos) torturando a una persona (Gabriel N) en los separos de esa corporación.
El video, obviamente, circuló ampliamente en redes sociales y causó indignación, tan es así que el propio edil Luis Gerardo Olivares no tuvo más remedio que reconocer la autenticidad de este y manifestar que iban a hacer las investigaciones correspondientes. Asimismo, la propia Comisión de Derechos Humanos levantó una queja formal y fue enérgica en condenar este hecho notificando al Ayuntamiento y solicitándole un informe detallado sobre lo sucedido.
Hasta aquí todo está bien, pero me pregunto ¿qué sucede cuando no todas las víctimas de tortura (presuntas culpables o no de un delito) tienen a alguien que grabe un video y lo suba a redes sociales? Por eso creo que el trabajo (de la Comisión de Derechos Humanos o de cualquier otra organización) no es sólo investigar este hecho particular, sino ir a fondo para conocer si la tortura en esta corporación municipal es una práctica sistemática y quiénes han sido víctimas de la misma, porque sólo con fiscalización e intervención externa es como este tipo de hábitos logran inhibirse sin que llegue a fatales consecuencias, que no tenemos capacidad de corroborar si no se hace una investigación a fondo.
Hasta el momento, pues, el presidente municipal de Coquimatlán no ha dicho absolutamente nada sobre las acciones que emprenderá para evitar que esta práctica (que lo más seguro es que sea recurrente) se disipe, y eso lo convierte en cómplice de esta, por tanto es necesario que más temprano que tarde genere confianza en la población ofreciendo acciones futuras para que no sean, paradójicamente, las organizaciones policiales las principales generadoras de violencias.
Faltaba más.