Armando Martínez de la Rosa
** Tomará gobierno municipal de Colima datos biométricos para la CURP. ** Datos para el espionaje del Estado a ciudadanos, afirman organizaciones civiles.
El gobierno municipal de Colima será cómplice de fichar a ciudadanos al tomar datos biométricos para la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP).
El alcalde de Colima, Riult Rivera Gutiérrez, ha ordenado habilitar instalaciones del gobierno municipal para que con equipo especializado se tomen los datos biométricos de los ciudadanos colimenses. La oficina para esa labor se encuentra en la planta alta de la Plaza San Fernando, a un costado de las salas cinematográficas. Funcionará de 10 de la mañana a 3 de la tarde.
Para el trámite, se deberán presentar credencial de elector vigente, CURP actual (alfanumérica) y comprobante de domicilio.
Se tomará una fotografía, huellas dactilares y fotos del iris del ojo. Esto se lleva unos 20 minutos por persona. El ayuntamiento sólo expedirá una constancia, no una credencial o documento similar a quienes acudan a tramitar la CURP biométrica.
NO ES OBLIGATORIA
La CURP biométrica o digital no es obligatoria, sino opcional, lo que no precisa el Ayuntamiento de Colima ni la Secretaría de Gobernación, que se quedará en custodia de los datos.
El resguardo de los datos biométricos de cada persona que autorice que se los tomen queda a cargo de la Base Nacional de Datos de Identidad y son considerados “datos sensibles” en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
En plataformas digitales, las herramientas de interacción digital vinculadas operan mediante infraestructura del gobierno federal, tales como la plataforma Llave MX gestada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
GOBIERNO NO PUEDE
Aunque lo indiquen las leyes y los discursos afirmen que el gobierno federal pueden proteger los datos de personas que se los han confiado a instituciones y gobiernos, lo cierto y objetivo es que el gobierno está incapacitado para proteger esos y muchos otros datos.
La prueba de que los gobiernos carecen de capacidad e interés en proteger datos personales “sensibles” está en Guacamaya.
En septiembre de 2022, se dio a conocer que el grupo de activistas hackeadores internacional había hackeado a instituciones militares y gubernamentales de varios países de Hispanoamérica, entre ellos México.
A la Secretaría de la Defensa Nacional del gabinete de Andrés Manuel López Obrador le robaron información sensible y de seguridad nacional almacenada en los servidores informáticos de la dependencia, así como información reservada.
Le robaron a la Sedena 6 terabytes de información secreta. Para darse una idea de la cantidad de información sustraída al ejército, téngase en cuenta que un terabyte puede almacenar tanto texto como el de entre 250 mil y un millón de libros, según tengan sólo texto o incluyan imágenes. Es decir, 6 terabytes son entre un millón 500 mil y 6 millones de libros.
También le hackearon información reservada contenida en correos electrónicos de 2016 a 2022 relacionados con muy diversos asuntos, entre otros el espionaje a movimientos sociales por parte del ejército, contratos militares (como los del Tren Maya), operaciones contra el narcotráfico y los informes del programa de espionaje Pegasus, que resultó un gran fraude.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo tuvo afectaciones directas e indirectas por información relacionada con la construcción y logística de infraestructura militar, tal la del Tren Maya.
Incapaz de resguardar adecuadamente información confidencial del ejército desde López Obrador, el gobierno actual pretende cuidar la información biométrica confidencial, que es una manera de fichar a los ciudadanos y mantener en su poder -mientras no sea hackeado- información y “datos sensibles” de 130 millones de mexicanos.
EL ESPIONAJE
Organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, privacidad y libertad de expresión, como es el caso de R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) aseguran que un registro centralizado como la CURP biométrica —y su articulación con la Plataforma Única de Identidad— sienta las bases para un sistema de vigilancia masiva y espionaje de Estado sobre ciudadanos.
Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión y de los periodistas, indica que la CURP biométrica facilita al gobierno el monitoreo de activistas, periodistas y disidentes.
Internacionalmente, otras organizaciones como Amnistía Internacional (Capítulo México) y Access Now condenan las megabases biométricas sin controles independientes, considerando que violan el principio de proporcionalidad y abren la puerta al rastreo no autorizado.
De esas labores de espionaje se está haciendo cómplice el Ayuntamiento de Colima que preside Riult Rivera Gutiérrez, sea de manera deliberada o por ignorancia de lo que hace al lado de la Secretaría de Gobernación.