Armando Martínez de la Rosa
Autopista, porquería criminal
Asombra la pasividad de los gobiernos estatal y federal ante el enorme problema social que ha creado la ineficiencia de la autopista de Manzanillo-Colima-Guadalajara. Impacta la ineficiencia para administrar una vía de comunicación terrestre importante para la población, el comercio local, nacional e internacional. Enoja la indiferencia gubernamental frente a los efectos negativos que muchas, muchísimas personas padecen.
Un ejemplo. El domingo, un tráiler volcó en el puente de Beltrán (que es asaz angosto), se incendió y obstruyó por más de 12 horas el paso de vehículos en dirección a Guadalajara. Una larga fila de decenas de kilómetros se formó. El embotellamiento era impresionante.
Liberado el paso el lunes, de inmediato otro tractocamión provocó un nuevo accidente que obligó al cierre de la circulación en dirección a Guadalajara. Ni siquiera habían pasado 24 horas desde el percance dominical.
Son frecuentes, en exceso frecuentes, los accidentes y la cancelación de la circulación. Decenas de miles de personas pagan, sin deberlas, las consecuencias. Pierden tiempo, negocios, vuelos que parten de Guadalajara, atención médica, estudios, relaciones sociales y económicas, estudio, trámites.
La mayor parte de esos percances los provocan traileros. Lo saben las autoridades, lo saben los usuarios, lo sabe todo mundo, y quienes deben poner remedio no lo hacen: el concesionario (ahora ha entrado Caminos y Puentes Federales al tramo Colima-Guadalajara), el gobierno federal mediante la secretaría encargada de los transportes, los gobiernos estatales de Jalisco y Colima, la Guardia Nacional de Carreteras, que ya había prometido hace meses el mejoramiento de su vigilancia y control de velocidades y no ha cumplido, sólo salió del apuro mediático del momento.
En territorio de Colima, a los accidentes se suma la singular ineficiencia mostrada en la planeación y ejecución de la ampliación de la autopista. Ahora, hasta las vías alternas están deterioradas, los cierres de circulación son pan, pan amargo, de cada día.
Las autoridades, los gobiernos ni siquiera informan de las obstrucciones a tiempo. Como si la omisión borrara el problema y sus efectos sociales.
Desde la impotencia, el ciudadano padece, resiente, se enoja. Y se enoja mucho. Rumia luego la rabia de haber perdido una consulta médica, un traslado a cirugía, un negocio que no se culminó, retraso en estudios, pérdida de conexiones terrestres, pérdida de vuelos nacionales e internacionales.
¿Quién paga las consecuencias y asume el costo monetario de la pérdida? El ciudadano, por supuesto. Porque Capufe, antes los concesionarios, los gobiernos estatales y el federal, nadie de ellos indemniza y compensa. Miran a otro lado. Se hacen tontos (en mi rancho se dice de otro modo) y asumen la política de dejar hacer y dejar pasar.
Eso tenemos. Indolencia criminal.
MAR DE FONDO
** Hoy, lunes, con sólo pasar por algunos sitios de la ciudad, conté más de 10 árboles caídos de cuajo en la vía pública sin que el Ayuntamiento de Colima trabajase en retirarlos. Mucha ineficiencia del gobierno municipal en labores tan sencillas.
** ¿Qué gobierno va a meter al orden a los conductores de motocicletas que por miles circulan en la zona conurbada? Y circulan con un reglamento de tránsito propio, elaborado por ellos para ellos, que les permite violar sin sanción las normas y límites que el reglamento que rige a todos los demás impone. Altas velocidades, cruces intempestivos de un carril a otro, ruidos excesivos, luces de halógeno que encandilan son la insignia distintiva de estos gandules del asfalto.
** La morenista Lenia Batres es prototipo morenista: incapaz, necia y altanera. Y así presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación.