Armando Martínez de la Rosa
** A punto de cumplirse 11 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca ayuda de la ONU para localizarlos.
A 20 días de cumplirse 11 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de una mezcla aún turbia de narcos, policías y militares, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por que el caso se atendido por un grupo de expertos de la ONU.
Lo cierto es que la impunidad persiste bajo la protección de dos gobiernos federales, el de Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador.
Sheinbaum ordenó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, gestionar la intervención de la ONU.
Los familiares “han estado insistiendo en que se incorporen grupos de expertos en la investigación. Ya no es el GIEI que había antes, porque tuvo sus problemas, todos sabemos qué problemas tuvo”, indicó. El objetivo de pedir apoyo a Naciones Unidas es que los familiares de los jóvenes tengan la certeza de que se están haciendo bien las cosas para resolver el caso, dijo
“Le pedí a la secretaria Rosa Icela que hablara con Naciones Unidas para ver si era factible buscar expertos precisamente en estas áreas de investigación y métodos de investigación que se están siguiendo para que madres y padres puedan tener la certeza de que en efecto se están haciendo bien las cosas. Entonces, está evaluando esta posibilidad y trabajando en coordinación con ellas”, dijo el viernes la mandataria en su conferencia matutina. El día anterior se reunió en Palacio Nacional con familiares de los normalistas desaparecidos.
43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron la noche entre el 24 y el 25 de septiembre de 2014 a manos de narcos, policías y militares en el municipio de Iguala. Los jóvenes habían secuestrado 2 autobuses de pasajeros en la capital guerrerense para asistir en la Ciudad de México a los actos de conmemoración de la matanza del 2 de octubre de 1968.
Uno de los camiones llevaba paquetes de droga, lo que los estudiantes ignoraban. Ese hecho generó que a orden del cártel de narcotraficantes Guerreros Unidos la policía municipal de Iguala los interceptara, los detuviera y los entregara a los narcos, quienes los habrían desaparecido y presuntamente incinerado los cuerpos en el basurero municipal. Los restos fueron arrojados a las aguas de un río contiguo.
Esa fue la versión original de la Procuraduría General de la República en la llamada “verdad histórica”, que fue desacreditada. El gobierno de Enrique Peña Nieto había atraído el caso. Tal versión le costó ir a la cárcel al exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado de obstrucción de la justicia, desaparición forzada de personas y tortura, el 22 de agosto de 2022, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Por cuanto toca al ejército, se obstruyó la visita al campo militar donde presuntamente estuvieron algunos de los 43 jóvenes la madrugada del 26 de septiembre de 2014 y ha sido refractario a colaborar con las investigaciones y a dar a conocer las grabaciones de las llamadas telefónicas de esa noche que involucran a militares.
El 18 de noviembre de 2014, a instancias del gobierno obradorista, se formó el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), mediante acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano. Su objetivo era proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos; además de investigar y sancionar a los responsables, a la par de otorgar asistencia a los familiares de los estudiantes, sostiene la CIDH.
Ahora ya no será “el GIEI que había antes, porque tuvo sus problemas, todos sabemos qué problemas tuvo y, además, pues muchos de ellos ya ni siquiera están interesados en regresar a la investigación”, dijo la presidenta Sheinbaum.
Desde 2014, López Obrador hizo del caso Ayotzinapa una bandera política y electoral de su movimiento para alcanzar la presidencia de la república. Una vez en el poder, nunca cumplió la promesa de resolverlo y sus investigaciones no llegaron más allá que a las mismas conclusiones de la “verdad histórica” de Murillo Karam.
López Obrador dio la espalda a los padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, les impidió ingresar a Palacio Nacional colocando vallas metálicas y fuerza policiaca. Los padres rompieron con su gobierno decepcionados de las mentiras y los engaños.
Tras la reunión del jueves con Sheinbaum en Palacio Nacional, los padres demandaron que la buena voluntad de la presidenta se traduzca en localizar a los 43 desaparecidos.
Hasta ahora, sólo han ido a prisión por el caso Murillo Karam y el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, pero no desaparición forzada de personas, esto es, por el caso Ayotzinapa. Su esposa María de los Ángeles Pineda estaba emparentada con personajes del cártel de los Beltrán Leyva.
Muchos otros involucrados, policías, funcionarios y militares apresados, quedaron en libertad en el gobierno de López Obrador.
El 15 de mayo de este año, murió en un hospital Jonathan M. H., el último de los sobrevivientes de la masacre de Iguala. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas durante 11 años, renunció el 21 de agosto reciente a la defensoría para incorporarse al equipo de trabajo del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz.