** Se manifiestan en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica CEPAL de Naciones Unidas, en la Ciudad de México.
“Demandamos al Gobierno de la República una verdadera política de Estado y aplicación de la Ley para hacer frente a la violencia feminicida, nos manifestamos con suma preocupación que los derechos humanos de las niñas y las mujeres no estén garantizados en nuestra Patria, por el contrario, vivimos graves retrocesos y sin un Plan Estratégico Nacional de protección a la vida, la seguridad y la libertad de las mujeres, mientras no cesa la violencia feminicida”, expuso ayer la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica CEPAL de Naciones Unidas, en la Ciudad de México.
Al comenzar los trabajos de esa conferencia, las participantes demandaron “diálogo con la presidenta de la República, es hora de hacer la diferencia, diálogo para un acuerdo nacional por el cese a la violencia feminicida, justicia y no impunidad”, expusieron.
Con motivo de la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), la Red Nacional de Alertistas (RNA), recordó que la Conavim, según su página oficial que está todavía vigente, en el rubro ¿Qué hacemos? señala que “somos un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que se encarga de diseñar la política nacional para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia en su contra.
Y continúa: “Formulamos las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno y promovemos el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”, lo que por cierto es responsabilidad de la SEGOB donde se ubicaba la CONAVIM.
“También elaboramos y damos seguimiento al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que conjunta las acciones del Gobierno de la República en materia de promoción de la igualdad y combate a la discriminación contra las mujeres y niñas”, citan el documento.
Asimismo, en la Ley de Acceso a una vida libre de violencia vigente, es la encargada de activar y dar seguimiento a las declaratorias de las AVGM en el país -mecanismo único a nivel mundial-, así como de coordinar programas, evaluar el cumplimiento de las medidas declaradas, y supervisar los Centros de Justicia para las Mujeres.
Sin embargo, desde su extinción el 1° de enero de 2025, no existe en el país una instancia especializada encargada de diseñar, coordinar y evaluar políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Peor aún, hasta el día de hoy no se cuenta con una propuesta institucional de igual alcance ni un plan nacional para enfrentar la creciente violencia feminicida en el país.
Finalmente, exigen devolver a las Alertas de Violencia de Género de cada estado sus facultades legales y operativas.
Las exigencias y demandas son suscritas por la Red Nacional de Alertistas (RNA) OSC promoventes y solicitantes de la AVGM, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) y la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM.