Armando Martínez de la Rosa
** En conferencia de prensa, la expresidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, refuta las acusaciones penales en su contra. ** Movimiento Ciudadano respalda a la exalcaldesa, a Martha Zepeda y excolaboradores.
“Nos acusan de robo, cuando dejamos un municipio sin deuda y financieramente sano”, afirmó ayer la exalcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, en conferencia de prensa convocada por Movimiento Ciudadano.
Imputada de robo y quebranto al ayuntamiento ella, la exsecretaria del ayuntamiento y regidora destituida, Martha Zepeda del Toro, y gran parte del gabinete del trienio anterior, sostuvo que el caso no es legal, sino político.
La acusación presentada por la Fiscalía General del Estado se fundamenta en que el cabildo y el ayuntamiento anterior otorgaron un bono de subsistencia a trabajadores del ayuntamiento que se quedarían sin trabajo al terminar el trienio.
Martínez asentó que su gobierno fue eficiente y transparente y además de dejar sin deudas a la administración pública, pagó las que heredó de gobiernos anteriores. En cambio ellos (los gobiernos de Morena) desaparecieron los organismos de transparencia.
Apuntó que las alertas de viaje (a ciudadanos estadounidenses) recomendaban no visitar el estado, excepto Manzanillo. Y ahora la alerta señala especialmente a la ciudad porteña.
Dijo que con la violencia, los secuestros y la delincuencia en la actualidad demuestran que los de ellos (Morena) son malos gobiernos y se dijo sorprendida de la “capacidad de sumisión” del pueblo de Colima que no protesta contra la pésima administración municipal.
En Manzanillo, su gobierno atendió educación, salud, seguridad, vivienda con sus propios medios y garantizando derechos humanos. Y la gobernadora del estado no garantiza nada en esos rubros, ni siquiera el derecho a la vida.
“Nosotros hicimos un buen gobierno y eso les duele. Si les duele, deberían ponerse a trabajar para dar buenos resultados”, recomendó.
Antes, sobre la Fiscalía General del Estado, apuntó que no tiene ni papel para trabajar ni siquiera en los sanitarios, pero tuvieron miles de hojas para redactar el expediente acusatorio.
Martha Zepeda del Toro, regidora destituida por el caso, expuso que el gobierno estatal necesita quién le tape los delitos que ahora comete y desde ahora se prepara (para la sucesión) y se libra de quienes podrían gobernar en unos años más.
Acusó a la administración estatal de enriquecimiento de los gobernantes y sus familiares y colaboradores.
El abogado de los acusados, Rumualdo García, explicó que no hubo “un bono” con que se funda la acusación a los imputados, sino “una prestación de subsistencia” y señaló cómo la jueza validó todos los argumentos de la Fiscalía y no tomó en cuenta los de la defensa, “como si no hubiéramos estado” en la audiencia, dijo.
El pago de la prestación de subsistencia -que suman 30 millones de pesos-no lo decidió una persona ni un grupo, sino el Ayuntamiento de Manzanillo con base en sus atribuciones autónomas y con dinero de los fondos municipales en el libre ejercicio de la administración de la hacienda municipal y del rubro de prestaciones personales, esto es, de los dineros que se destinan a pagar sueldos y prestaciones. No hay lugar a que haya acusaciones penales, dijo.
García expuso que la jueza fundó la sentencia diciendo que el pago era ilegal porque el cabildo modificó el presupuesto y el tabulador de remuneraciones. El abogado señaló que no se sabe si fue por dolo de la juzgadora o por ignorancia de las leyes, lo que en su caso sería imperdonable. Entonces, ¿dónde está el delito?, se preguntó el litigante, y se respondió: sólo en la mente de la Fiscalía Anticorrupción y de la jueza que “le compró el paquete completo” a esa fiscalía.
La sentencia se ha impugnado ante una instancia superior, un tribunal de segunda instancia, que conoce de estas leyes. “Estamos a la espera de la resolución”, dijo el abogado.
Posteriormente, Griselda Martínez acusó a la alcaldesa morenista de Manzanillo, Rosa Bayardo Cabrera, de gastar más de 30 millones de pesos “en todos los bailes que trae en el estado en una abierta campaña política” -para su promoción política personal- con fiestas por la creación del puerto interior, lo que no le corresponde porque “ella no es la directora de Asipona” (la administración portuaria). Y eso no lo ve la Fiscalía Anticorrupción ni el Osafig. Además, incrementó la nómina municipal en 50 millones de pesos.
La diputada federal Patricia Mercado, representante nacional de MC, demandó que dejen de perseguir a la exalcaldesa Martínez, a la exsecretaria Zepeda y a los excolaboradores y “las enfrenten en el próximo proceso electoral” en debates, con ideas. En la conferencia de prensa estuvo la exalcaldesa de Colima, Margarita Moreno, el exdiputado Jesús Dueñas y otros legisladores locales de MC.