** La reforma a la Ley del Infonavit es una amenaza a los ahorros de los trabajadores, sostiene la senadora Mely Romero.
La senadora Mely Romero Celis advirtió que la reforma a la Ley del Infonavit es una amenaza a los ahorros de los trabajadores y enfatizó la necesidad de dos cambios fundamentales, los cuales -dijo- tienen el respaldo de los sindicatos y la base trabajadora.
Afirmó en el Senado que lo verdaderamente importante es que los trabajadores y patrones, quienes son los legítimos dueños de estos recursos, tengan el derecho de supervisar en qué se está utilizando su dinero.
Propuso mantener el artículo 22 en su forma original, asegurando que el nombramiento del director general continúe siendo aprobado por la Asamblea General, órgano rector del Infonavit, compuesto por representantes de trabajadores, empleadores y gobierno, lo que garantizaría equilibrio y representación.
Advirtió que permitir que el presidente sea designado de manera directa implica una concentración excesiva de poder y excluye a las representaciones laborales de la toma de decisiones, eliminando su papel de contrapeso.
Romero Celis planteó mantener el Artículo 11 en su redacción original, permitiendo que la Asamblea siga siendo dirigida de forma rotativa entre sus integrantes, pues la reforma plantea que todas las sesiones sean dirigidas sólo por el Director General, sin posibilidad de alternancia, impidiendo que trabajadores y patrones supervisen directamente el uso de sus recursos.
Estos cambios, indicó la senadora priista, son para evitar la concentración del poder y garantizar la transparencia en el manejo de los 2.4 billones (2.4 millones de millones) de pesos que pertenecen a millones de mexicanos.
Romero Celis denunció que esta reforma, en los términos planteados por el oficialismo, otorga al Director General el derecho de veto sobre las resoluciones del Consejo de Administración y la Comisión de Vigilancia, lo que significa que ninguna decisión podrá aplicarse sin su aprobación, eliminando cualquier tipo de contrapeso.
Advirtió que el Infonavit y su empresa filial quedarían fuera del alcance de la Ley de Entidades Paraestatales, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, permitiendo el manejo de recursos sin fiscalización ni rendición de cuentas, lo que representa un grave riesgo para la transparencia.
Por último, la senadora enfatizó que independientemente de si el Ejecutivo mantiene el modelo de la empresa filial o si los legisladores no son informados de sus movimientos, lo verdaderamente importante es que los trabajadores y patrones, quienes son los legítimos dueños de estos recursos, tengan el derecho de supervisar en qué se está utilizando su dinero.