Héctor Sánchez de la Madrid
En solfa
Sin lugar a dudas la corrupción ha sido la principal causa del saqueo de las arcas públicas y en consecuencia la razón de la pobreza, la marginación y las injusticias que han asolado a nuestro país en toda su historia, mucho antes que se fundara el Partido Nacional Revolucionario (después PRM y PRI), el Partido Acción Nacional y hasta del propio Movimiento de Regeneración Nacional.
Uno de los motivos de que ello sucediera fueron los sueldos mal pagados de los funcionarios públicos de sus tres ámbitos, federal, estatal y municipal, situación que mejoró en las últimas décadas del siglo pasado hasta fines de la década anterior a los servidores públicos de segundo y tercer nivel, ya que los del primero siempre habían estado bien cubiertos. Fue entonces que sobrevino el retroceso.
En este sexenio los sueldos y prestaciones de los trabajadores del sector público disminuyeron por decreto presidencial, legislándose que ningún funcionario recibiera un salario mayor que el del presidente de la República, sin embargo, al desconocerse el ingreso completo que recibe la máxima autoridad en el país, oficialmente 14 servidores públicos ganan más que el salario público conocido, por lo que resulta entonces una mentira.
La lógica indica que si los servidores públicos reciben sueldos suficientes, que les alcancen para vivir bien, al igual que sus familias, no tienen por qué meterle mano al erario; o al revés, si están mal pagados, se despacharán con la cuchara grande. Desde luego que ello no justifica el proceder indebido, pero sí explica la acción de agarrar dinero público para completar los gastos propios y de sus seres queridos.
El argumento anterior sirve para entender los altos emolumentos que devengan las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a la enorme responsabilidad que tienen en el máximo tribunal de justicia en el país y por los estudios superiores del más alto rango académico que debieron cursar para desempeñar esos cargos relevantes, como licenciaturas, maestrías, doctorados y diplomados.
Las y los Ministros reciben sueldos cuantiosos, es verdad, pero más importante para ellas y ellos es pertenecer al selecto y reducido grupo de 11 jurisconsultos que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el sector privado, podrían ganar varias veces más de lo que devengan en el Poder Judicial. Es correcto, entonces, que estén bien remunerados, se lo merecen por los estudios y cargos que ostentan.
La reforma al Poder Judicial que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador y que muy probablemente se apruebe en el mes de septiembre por la mayoría calificada que al parecer obtuvo Morena y su fauna de acompañamiento, PVEM y PT, es la peor ocurrencia que ha tenido en su sexenio que afortunadamente termina en 90 días, con el peligro que se extienda por lo menos hasta septiembre de 2030.
La justificación del mandatario federal de elegir por voto popular a los Ministros, Magistrados y Jueces (hombres y mujeres) para acabar con la corrupción que existe en el Poder Judicial es vana o falsa. No dudo que haya elementos corruptos en el sector de justicia, pero ¿por qué si son electos va a desaparecer la corrupción? No hay relación alguna entre la honestidad y la forma en que sean nombrados como ahora.
Peor aún si los requisitos para participar en los procesos en los que se elegirán a las y los futuros funcionarios judiciales, se simplifican como al parecer propone el presidente de México. Poco o nada se sabe de los requisitos que deberán cubrir los candidatos a ocupar un Ministerio, Magistratura o Juzgado, pero conociendo como se las gasta el presidente, seguramente que serán bastante menores a los que se exigen ahora.
Sería grave que cualquier licenciado en Derecho pudiera aspirar a esos cargos, como también que el crimen organizado apoyara las campañas electorales. Suprimir el largo y minucioso proceso administrativo para nombrar a las autoridades judiciales es un capricho de López Obrador que busca debilitar al hoy independiente y poderoso Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo que ya no tendría el contrapeso de la SCJN.
Dada la perversidad y maldad manifiestas del mandatario federal, les quitarían a las y los encargados de impartir justicia en el país su “haber por retiro”, que es una prestación que consiste en una pensión vitalicia, asistentes pagados por la Corte, aguinaldos, seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores, primas vacacionales y bonos por riesgo. Más lamentable aún es que la virtual presidenta electa apruebe la reforma del berrinche y el odio.