Armando Martínez de la Rosa
Sabbath
Cada año, los cazadores y tiradores deportivos organizados, esto es, socios de los clubes cinegéticos legales, estamos obligados a tramitar un Permiso Extraordinario de Transportación de Armas, llamado en el ambiente cinegético coloquialmente PETA, acrónimo del largo nombre.
Es un documento con que el tirador y el cazador sustentan la posesión y el traslado legales de sus armas de fuego deportivas a los campos de tiro y a los sitios de caza. Así, cuando en un eventual retén son revisados, se muestran a las autoridades el PETA y una identificación. Militares, guardias nacionales, policías de diversas corporaciones pueden revisar las armas y cotejar la matrícula, el número de serie, la marca y el calibre de cada arma que lleve el interesado y cotejar tales datos con los del documento. Luego, si todo está en orden, cazadores y tiradores siguen su camino.
El PETA lo expide la Secretaría de la Defensa Nacional y cuesta dinero, mucho. Desde la temporada de caza anterior, el costo se triplicó por decisión del ejército y la complacencia de inútiles diputados que aprobaron el alza sin reparo ni pregunta alguna.
Para obtener el PETA se necesitaba cubrir una serie de requisitos tales como identificación, credencial de pertenencia a un club cinegético, licencia de caza, copias del registro de cada arma a incluir en el documento, comprobante de domicilio coincidente con el de la identificación oficial, comprobante de pago de derechos en un banco y fotocopia del PETA anterior, si lo hubiera. Por 3 armas o menos, había que pagar unos mil 500 pesos, y una cuota por cada arma adicional hasta un máximo de 10, una corta (calibre .22 para remate de piezas) y 9 largas, fuesen rifles o escopetas. Ah, y encima de todo, una solicitud a la SEDENA.
Y como no hay alternativa, los requisitos se cumplían con el auxilio administrativo del club al que se pertenece, siempre eficiente. Una vez entregada la documentación, había que esperar unas semanas para recibir el PETA.
Con todo lo engorroso de esos trámites, los cazadores y los tiradores deportivos los hemos cubierto siempre.
Bueno, pues este año a los señores autócratas de la Defensa Nacional se les ocurrió aumentar los requisitos a cumplir. ¿Por qué? Pues porque sí, porque como en el corrido de la Anselma, ellos son la autoridad. Agregaron la Carta de Antecedentes No Penales federal, con foto, claro, un certificado de examen toxicológico para probar que no se fuma mota ni se ingieren drogas de cualquier tipo, de esas que abundan y que el ejército no ha sabido combatir con eficiencia. Certificado médico de aptitud para manejar armas de fuego y la cartilla del servicio militar o la exención en caso de ser mayor de 40 años, documento que debe tramitarse, por supuesto, ante la egregia autoridad militar, el inapelable dios castrense, con costo, claro.
Esto significa que el ciudadano debe comprobarle a la milicia que no es un delincuente, como si la SEDENA fuese un poder judicial autónomo y el ciudadano un acusado. En la burocrática mentalidad militar, se presupone que cada ciudadano es un delincuente real -ni siquiera potencial- que debe estar al servicio de la “superioridad” castrense. En suma, como si estuviese establecido un estado de sitio y hubiese toque de queda.
Ignoro a qué brillante generalazo o a que comedido sargentillo -ya verá usted- se le ocurrió la medida ultraburocrática de complicarles la vida a cazadores y tiradores deportivos, obligarlos a perder tiempo y gastar miles de pesos más. Lo peor es que las medidas son inútiles, sobran, porque los socios de un club cinegético son gente de bien, demostradamente dispuesta a practicar su afición legalmente, dentro de las normas que rigen la actividad.
¿Será que la milicia está crecida con la militarización del país que le ha dado a la Defensa Nacional manga ancha como nunca antes y por fuera de las atribuciones constitucionales? ¿O será que quien tomó la decisión amaneció de malas el día que ordenó más medidas burocráticas?
Y sólo una pregunta más: ¿no se han dado cuenta de que el problema de las armas de fuego está en el lado de los bandidos y no de los ciudadanos pacíficos? Porque los delincuentes andan armados, impunemente, hasta los dientes, con armas de más potencia que las del ejército, la policía y la Guardia Nacional, sólo permitidas a las fuerzas armadas. Y esos, por supuesto, no tramitan PETA.
Hostigar a cazadores y tiradores deportivos no es el camino que lleve a la paz y la seguridad. Ya párenle, ¿no?