Héctor Sánchez de la Madrid
En solfa
En nuestro hermoso y vapuleado país, la creación de las leyes, incluidas las reformas constitucionales, también, los presidentes de la República que envían sus iniciativas a las Cámaras de Diputados y de Senadores siempre llevan el interés propio y de los partidos políticos a los que pertenecen, sin darse cuenta que algún día perderán la mayoría que tenían en ese momento y entonces favorecerán al partido político en el poder.
La sobrerrepresentación que está a punto de suceder en la repartición de curules federales plurinominales a favor de la alianza formada por Morena, PVEM y PT, está vigente desde hace tres décadas por reformas avaladas por el PRI y el PAN que hoy las cuestionan, según el analista de “El Universal”, Raúl Rodríguez. Las dos normas constitucionales que limitaban la sobrerrepresentación fueron aprobadas por el PAN y el PRI en 1996, las cuales hasta se introdujeron en el COFIPE.
Sin embargo, en el último remiendo constitucional que hicieron en 2008 los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Verde Ecologista de México, las asignaciones se realizan por partido político, ya no por coalición, lo cual permite diferentes interpretaciones de las máximas autoridades electorales en uno u otro sentido, esto es, para dar o quitar posiciones legislativas a los partidos políticos, todo dentro de la ley, aunque suene a vacilada, que lo es, a pesar de su importancia.
En la creación de las leyes de nuestro país los legisladores casi siempre dejan un resquicio para que los gobernantes (que enviaron las iniciativas), los ministros, magistrados y jueces, al igual que los representantes electorales inclinen la balanza para quienes ellos quieran y les convenga a sus intereses. Además de estar mal, por sí mismo lo que hacen, no pensaron que algún día las reformas que hicieron para favorecerse personalmente y a su abanderamiento, beneficiarán a quienes detenten el poder, como puede pasar ahora.
Desde luego que quienes inventaron esta argucia y decenas de ellas más fueron los priistas durante los 71 años que manipularon al país, casi hegemónicamente, ya que en 1988 perdieron la primera gubernatura, Baja California, y en la década de los 90 otras más, asimismo, en 1997, no obtuvieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pero tampoco hay que olvidar que los panistas, los perredistas, los morenistas y los emecistas son iguales o peores que los creadores de un sistema político que pervive aunque superado.
Para acabar de empeorar lo anterior, la oposición está a punto de separarse y dos de sus integrantes van en camino de desaparecer, el PRD perdió su registro nacional y se percibe difícil que sobreviva; el PRI tocó fondo al reformar sus estatutos su dirigente Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, con la intención no solamente de reelegirse indefinidamente sino de apropiarse del otrora poderoso partido al que le quedan prerrogativas y bienes inmuebles considerables; el PAN es el único que puede renovarse aunque quizás, si lo hace, va a extinguirse.
Lo anterior fortalece la posibilidad de que Morena y su fauna de acompañamiento alcancen la sobrerrepresentación que buscan en el Senado y la Cámara de Diputados para alcanzar la mayoría calificada que les permita reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo primer objetivo sería convertir al Poder Judicial en un apéndice del Poder Ejecutivo, como lo ha sido el Poder Legislativo en el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, y lo serían con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La reforma al Poder Judicial enviada al Congreso de la Unión por el mandatario López Obrador en febrero pasado va en contra de lo establecido en la casi totalidad de países civilizados del mundo, con la excepción vergonzante de Bolivia que se encuentra al final de la tabla y sus habitantes tienen una vida precaria en relación a las 196 naciones del ranking del Producto Interno Bruto per cápita. A ese nivel bajísimo nos quiere conducir el régimen de Morena en el mes de septiembre si obtiene la sobrerrepresentación legislativa que le permitiría alcanzar la mayoría calificada.
No hay una razón válida para desmantelar al Poder Judicial, en lo jurídico, lo social y lo político. El objetivo presidencial es desaparecer el freno que ha aplicado la máxima autoridad judicial en el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los múltiples y continuos excesos del presidente de la República durante su mandato que a Dios gracias termina el inminente 30 de septiembre. Al cuarto para las doce el mandatario federal quiere desarticular al Poder Judicial para que su sucesora no tenga la contención que él tuvo en su administración que está cerca de concluir.
Lo que pretende hacer el creador de la Cuarta Transformación es destruir el último pilar de la democracia que le queda al país para instaurar una dictadura a través del Poder Ejecutivo que estaría por encima de los otros dos poderes, el Judicial y el Legislativo. Es falso que el pueblo le pidiera que desmantelara al Poder Judicial, como también es una mentira que con ello se acabaría la corrupción imperante, al contrario, sin el contrapeso que representa ante el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sería un retroceso a los peores tiempos que nuestra nación haya sufrido.
Mal futuro se vislumbra para México a partir de septiembre si Morena y sus satélites logran la sobrerrepresentación y la ejercen reformando al Poder Judicial que traería como principal consecuencia la instauración de una dictadura ejercida a través de quien desempeñe la presidencia de la República, esto es, durante septiembre Andrés Manuel López Obrador, y a partir del 1 de octubre hasta el 30 de septiembre de 2030, Claudia Sheinbaum Pardo. De conseguir este despropósito, echarán a la basura la revolución de 1910 y la larga y rica historia de nuestro Poder Judicial. Ojalá Morena y sus rémoras recapaciten y no repitan lo que en el pasado hicieron el PRI y el PAN.