Armando Martínez de la Rosa
** Una vieja confrontación entre Morena, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, se aviva al final del trienio.
Un viejo, arcaico pleito de Morena y la gobernadora Indira Vizcaíno Silva contra la alcaldesa saliente de Manzanillo, la exmorenista y hoy emecista Griselda Martínez Martínez parece no tener fin y ha revivido en los últimos días del gobierno municipal porteño.
Han vuelto las acusaciones mutuas, los reproches y los 2 bandos sacan los trapos al sol.
Datan las peleas desde que Indira y Griselda eran perredistas y se prolongó en diversos episodios y coyunturas militando en Morena las dos. La más reciente ocurrió cuando la alcaldesa buscó la candidatura de Morena al Senado, y cuando se lo impidieron terminó emigrando a Movimiento Ciudadano y perdió la elección.
La guerra se extendió hasta Martha Zepeda del Toro, secretaria del ayuntamiento y brazo derecho de la presidenta municipal. Con acusaciones administrativas, Morena y el gobierno estatal trataron de encarcelar a la funcionaria, quien finalmente se defendió en tribunales y no llegó a prisión, pero perdió la elección, también postulada por MC, a la alcaldía porteña.
Una nueva acusación fue lanzada ayer, mediante un comunicado de prensa, por el equipo de trabajo de la alcaldesa electa, la morenista Rosa María Bayardo, mujer de todas las confianzas de la gobernadora.
Afirma que Griselda Martínez recibirá un “bono de subsistencia” por finalización del trienio de unos 300 mil pesos, y otros de 250 mil serán para cada uno de los regidores y los funcionarios municipales salientes, con una erogación de 25 millones de pesos. Tal gasto fue aprobado en la sesión extraordinaria de cabildo del 4 de octubre reciente, aseguran los acusadores.
Según el equipo de Bayardo, “Griselda Martínez no puede negar que realizó este hecho con toda la intención de beneficiarse, puesto que conoció del mismo desde que la Comisión de Hacienda lo aprobó para presentarlo en el pleno del cabildo, y de nuevo en el cabildo, donde votó a favor del bono, a pesar de negarse a expresarlo en voz alta”.
Y la acusan también de que “a este abuso se suma la aprobación de la compra de un predio por 40 millones de pesos a un particular, sin justificación de utilidad prioritaria para el Ayuntamiento, sin una justificación de para qué usará el gobierno municipal este nuevo bien”. La imputación no precisa ni ubicación del terreno ni nombre del vendedor.
En una tercera acusación, sostienen los morenistas que “en el proceso de entrega-recepción sus colaboradores siguen sin entregar la información mediante oficio y soporte documental como están obligados a hacerlo. Osafic (sic por Osafig), el órgano encargado de fiscalizar y vigilar este proceso, citó a una reunión para que el ayuntamiento saliente entregara la información solicitada mediante oficio, y las autoridades salientes no respondieron, y no se presentaron. Esa es la realidad: la presidenta saliente no cree en la fiscalización de los órganos correspondientes”.
Sostienen, en un comunicado, que tomarán “todas las acciones legales correspondientes para evitar que este abuso quede impune”.
LA RESPUESTA DE LA ALCALDESA
En Facebook, Griselda Martínez respondió ayer mismo afirmando que “hay quienes hablan desde el rencor, la frustración y la ignorancia. Hoy no me da tiempo de salir a desmentir tanta mentira”.
Sostiene que la suya es la administración más transparente del estado y que ella ha donado, “quincena tras quincena” la mitad de su sueldo a estudiantes porteños que han salido a estudiar en el extranjero.
En cambio, revira, “hay quién cobró en dos legislaturas como diputada federal casi 250 mil pesos POR MES (con mayúsculas en el original) y no presentó iniciativa alguna y dice estar preocupada profundamente por lo que dicen ser ‘un bono’ millonario que algunos medios dicen que es de casi 300 mil pesos, por lo que de millonario no tiene nada”.
“Mejor nos debería decir la ‘muy preocupada’ si considera que merecía cobrar lo que cobró sin trabajar o trabajando si a eso se le llama levantar el dedo”.
Aunque Griselda Martínez no la señala por su nombre, se trata de la alcaldesa Rosa María Bayardo Cabrera, quien fue diputada federal suplente de Indira Vizcaíno y ocupó la curul cuando la hoy gobernadora solicitó licencia para integrarse al gabinete del priista Ignacio Peralta Sánchez. Luego fue nuevamente diputada federal propietaria de 2021 a 2024.
Bayardo, acusa Griselda, “cobraba no menos de 1.8 millones de pesos al año por no hacer nada en el Congreso de la Unión como diputada”.
Y agrega que “ya tendré tiempo” de responder a las acusaciones.
Respecto de la entrega y recepción de la administración municipal, la alcaldesa saliente afirma: “lo que sí es preocupante, es que al día de hoy se nieguen a recibir formalmente la administración que están a punto de tener que recibir aunque se nieguen a hacerlo y anden inventando cuentos chinos (valga la expresión sin denostar a los chinos) en los disque (sic por dizque) medios de comunicación, para justificar lo injustificable”.
El viejo pleito sigue vivo y cada que resurge es más enconado, bañado en ambos bandos de un odio político mutuo.
(Foto de archivo: La gobernadora Indira Vizcaíno Silva y la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, en un acto público en el puerto en 2022.)