Armando Martínez de la Rosa
** A petición de un grupo de jueces, el pleno de la Suprema Corte resuelve admitir a análisis la reforma judicial de Andrés López.
Por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ayer admitir a revisión y análisis la constitucionalidad de la reforma judicial, aprobada por el Senado el 11 de septiembre, cuando aún Andrés López era presidente.
Los jueces que impugnan la reforma consideran que la Corte debe dirimir las diferencias con el Poder Ejecutivo y el Legislativo, porque la reforma “afecta la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación, la independencia de sus miembros y, por ende, el principio de división de poderes”.
Además de la presentada por los jueces federales, otras impugnaciones similares llegaron a la Corte, por lo que la ministra presidenta decidió consultar al pleno para resolver si se admite a discusión el asunto. 8 ministros votaron a favor de la revisión de la constitucionalidad de la reforma y 3 en contra, éstas últimas son las identificadas con el Poder Ejecutivo: Yasmín Esquivel (la acusada de plagio de tesis y contra la que se emitió ya una sentencia), Loretta Ortiz y Lenia Batres, todas nombradas por López.
La ministra Margarita Ríos Farjat -también designada por López, de cuyo gabinete fue funcionaria, pero ha mantenido independencia- sostuvo que “con independencia de lo que se resuelva, este momento histórico nos brinda la posibilidad de que el derecho constitucional mexicano se enriquezca con mayores y más amplios debates. Si antes no se habían presentado estas consultas o estos debates, es porque antes no se había llevado una reforma como la que se llevó a cabo en este país el mes pasado”.
La ponencia sobre la admisión o el rechazo a la revisión estuvo a cargo del ministro José Luis González Alcántara, quien argumentó que la consulta es admisible porque el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial le ordena a la Corte velar siempre por la autonomía de todos los órganos del Poder Judicial y la independencia de sus integrantes.
La ministra Lenia Batres aseguró que se trata de “un golpe de Estado” y el senador Gerardo Fernández Noroña acusó a la Corte de ser “una bola de facciosos”.