Armando Martínez de la Rosa

** La iniciativa de López, moralmente corrupta de origen, sostiene el magistrado David Cisneros, en mitin afuera de Palacio de Gobierno. ** Avanza dictamen en Cámara de Diputados.

Protestas en las calles, avance en la Cámara de Diputados. Así se encuentra la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación del presidente Andrés López.

En diversas ciudades del país, las protestas de trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación han continuado porque -dijo el magistrado David Cisneros en Colima- “aquí nadie se rinde”.

Cisneros denunció que el presidente le pide al Poder Legislativo aprobar una reforma “moralmente corrupta de origen” que destituya a todos. Sin facultades legales, el presidente se convierte en acusador de los funcionarios del Poder Judicial, a quienes tacha de corruptos y nepotistas sin presentar un solo hecho, una sola prueba de sus dichos. Y el Poder Legislativo se convierte en sentenciador sin tampoco estar facultado por la ley para tal procedimiento. Y al Poder Judicial le retira la facultad de revisar leyes, que esa es una de sus funciones fundamentales, resguardar la constitucionalidad de las leyes.

Con la reforma, advirtió, los ciudadanos quedarán indefensos ante el Estado y cualquiera podrá ser acusado y procesado sin derecho a defenderse incluso de acusaciones falsas.

La lucha es por la justicia y la libertad, dijo Cisneros.

Mientras, en la Cámara de Diputados, la reforma judicial avanza en la Comisión de Puntos Constitucionales, tras la aprobación de Morena y sus aliados por 22 votos a favor y 17 en contra. El dictamen incluye 100 modificaciones de Morena que propone dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025, para renovar la totalidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cargos de jueces y magistrados que se encuentren vacantes y 2 magistrados del Tribunal Electoral pendientes de cubrir.

Se crearían 3 comités -uno por cada poder constitucional- para evaluar a los aspirantes y sortear los cargos cuando haya exceso de postulantes, esto es, echarlos a la suerte, casi un volado. Jueces, magistrados y ministros en funciones serían incluidos en las boletas, salvo que renuncien antes. La presidencia de la Corte y del Tribunal Electoral recaerá en quienes tengan más votos en la elección. Desaparecen fideicomisos, en uno de los cuales están los ahorros para el retiro de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que son miles en el país.

Legisladores de oposición que la reforma judicial es inoperante, vulnera los derechos humanos y perjudica a los más pobres.

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, anunció que el voto de su bancada será en contra, porque el dictamen no corresponde al resultado que tendrá la reforma, lo que propone no es democrático, ni justo ni prudente, sino un riesgo para el Estado Mexicano, es un peligro para la protección de los derechos humanos y propicia la intromisión de los poderes fácticos.